El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puçol se suma a la alerta feminista del 19-J

En lo que llevamos de año son más de 60 las mujeres asesinadas por la violencia machista que también se ha llevado por delante la vida de 6 criaturas. Consideramos que la violencia machista es una cuestión de estado, que nos afecta a la mitad de la población, y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y hombres, en la erradicación de la cual se han de comprometer todos los recursos qu sean necesarios, como se exigió en el Pacto de Estado reclamado el 7N en las calles de Madrid.
En los presupuestos generales del Estado de 2017, de próxima aprobación, la partida asignada a financiar la lucha contra la violencia machista sube poco más de 31 millones de euros, lo que supone un 0,01% del total del presupuesto y un 10% menos que hace 7 años.
Eso quiere decir que se sigue sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, que no se atiende la violencia sexual como prevé el Convenio de Estambul desde 2014. Implica que no se mejora la respuesta judicial y que no se cubre el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales de las entidades locales establecidas en la Ley de Igualdad.
Por ello, convencidas de que ha pasado el tiempo de las palabras y es hora de los hechos, nos hacemos presentes en este Ayuntamiento con una exigencia muy concreta al Gobierno del Estado: la consignación de 120 millones de euros en l apartida destinada a la lucha contra la violencia machista. No admitimos rebajas, ni más dilaciones. Entendemos que no es negociable el precio de la vida de las mujeres. Y por eso hoy en muchos ayuntamientos se está dando lectura a un manifiesto común. No toleraremos la inactividad, la indiferencia o la incompetencia de los poderes públicos a la hora de actuar con celeridad y eficacia para frenar la violencia machista.
La violencia machista es una vulneración de los derechos humanos porque afecta al derecho a la vida y la integridad de las mujeres. Los recursos son la puerta de acceso a todo el sistema de atención, no supeditado a que la víctima presente, no retire o no se retracte de la denuncia.
Según el artículo 19, Ley 1/2004, se prevé la asistencia social integral como derecho subjetivo universal de las 2’5 millones de mujeres que padecen violencia según la encuesta 2015. La atención ha de extenderse a víctimas de violencia sexual fuera de la pareja o expareja, en virtud de los artículos 20 y 36 del Convenio de Estambul.